Redacción 12noticias.tv
El reciente debate sobre la declaración jurada de Manuel Adorni dejó una enseñanza política más interesante que la propia polémica. La discusión pública duró apenas unos minutos antes de convertirse en una pelea de identidades.
Para unos, el episodio fue una prueba de opacidad e inconsistencia. Para otros, una operación política contra uno de los funcionarios más visibles del Gobierno.
La pregunta dejó de ser qué pasó. La pregunta pasó a ser quién estaba involucrado.
Y para comprobarlo alcanza con un ejercicio simple: ¿la reacción habría sido la misma si el caso hubiera involucrado a Cristina Fernández de Kirchner?
Es difícil creerlo.
Muchos de quienes hoy relativizan la situación probablemente la habrían considerado un escándalo institucional. Y muchos de quienes hoy la denuncian con indignación posiblemente habrían encontrado explicaciones alternativas si la protagonista hubiera pertenecido a su propio espacio político.
La ciencia política tiene un nombre para este fenómeno: percepción afectiva de la corrupción (Luis Ramos). Significa que las personas no juzgan los hechos solamente por su gravedad, sino también por la simpatía o rechazo que sienten hacia quien los protagoniza.
Así, la corrupción deja de ser un problema ético y se transforma en una cuestión identitaria. La vara cambia según el apellido del funcionario.
La paradoja es evidente. Nunca hubo tanta información pública, tantas declaraciones juradas y tantas herramientas de control. Sin embargo, cada vez parece más difícil construir acuerdos básicos sobre qué conductas son aceptables y cuáles no.
El problema ya no es la falta de transparencia. El problema es que la transparencia compite contra la polarización.
Y cuando la gravedad de un hecho depende más del dirigente involucrado que del hecho en sí mismo, la democracia pierde uno de sus mecanismos de control más importantes: la capacidad de juzgar con la misma vara a propios y ajenos.
Porque una democracia puede tolerar muchos desacuerdos. Lo que difícilmente pueda tolerar es que la honestidad deje de ser un principio y se convierta en una cuestión de pertenencia política.
