Redacción 12noticias.tv
En una declaración que está causando revuelo en la política nacional, el ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida, confirmó el cierre de 40 comedores "fantasma" en la Ciudad, todos vinculados a "vertientes del kirchnerismo".
Este operativo, que forma parte de la lucha contra la corrupción, dejó al descubierto una trama de irregularidades que, según Mraida, no solo afectaban al dinero de los porteños, sino que además estaban siendo manejados por aliados políticos del kirchnerismo.
“¿Cómo es posible que en plena crisis económica se esté derrochando 20 millones de pesos por día en lugares que ni siquiera funcionaban?”, se preguntó el funcionario, revelando que la finalidad de estos comedores, que parecían funcionar para ayudar a los más necesitados, en realidad servían como un "botín político" para ciertos grupos afines al gobierno de Alberto Fernández.
El ministro sostuvo que los comedores estaban bajo el control de dirigentes kirchneristas que manipulaban la entrega de alimentos, gestionando quién recibía ayuda y quién no, en una maniobra de clientelismo político. Según Mraida, este tipo de prácticas "no tiene cabida en el futuro de la Ciudad de Buenos Aires", asegurando que su objetivo es regularizar la asistencia alimentaria y evitar que se utilice con fines políticos.
Además, el ministro explicó que, tras la pandemia, los controles sobre estos comedores fueron "desregulados", y que en algunos casos los comedores ni siquiera estaban operativos, pero continuaban recibiendo fondos sin justificación.
Juan Grabois, uno de los más firmes defensores de la política social kirchnerista, se ha visto salpicado por estas revelaciones. Con sus vínculos con la organización de comedores populares, las declaraciones de Mraida dejan en evidencia una red de manejos turbios y un sistema de "asistencia" que muchos acusan de "ser un caldo de cultivo para el clientelismo político".
El ministro no dudó en asegurar que el "control tecnológico" es ahora la herramienta clave para evitar futuros fraudes, poniendo fin a las malas prácticas que "perjudicaban a los porteños". Mientras tanto, la oposición pide que se profundicen las investigaciones y que los responsables de esta estafa política sean castigados con todo el peso de la ley.
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires avanza en una nueva etapa, en la que no se abrirán más comedores y se ha prometido mejorar la eficiencia del sistema de distribución de alimentos, para asegurar que ninguna persona quede fuera del sistema de asistencia. Pero la polémica recién comienza y los actores involucrados, como Grabois y los dirigentes kirchneristas, ya están en el ojo de la tormenta.
