
La inteligencia artificial llegó al Estado, pero la profesionalización sigue pendiente
Redacción 12noticias.tv
La inteligencia artificial ya forma parte de la agenda de modernización del Estado. La posibilidad de utilizarla para redactar documentos, resumir expedientes, analizar información, agilizar procedimientos administrativos y mejorar la atención ciudadana abre oportunidades que hace pocos años parecían lejanas. También plantea desafíos éticos, jurídicos y organizacionales que requieren capacitación y responsabilidad.
En Argentina, el Estado nacional y distintas jurisdicciones provinciales comenzaron a incorporar propuestas formativas vinculadas con estas tecnologías. El INAP, los institutos provinciales de administración pública y otras iniciativas impulsan herramientas para que los agentes públicos puedan aprovechar sus beneficios y comprender sus riesgos.
Es una buena noticia. Pero hay una pregunta que parece estar quedando fuera de la discusión: ¿estamos preparando a quienes integran el Estado para gestionar, antes de enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías?
Existe una contradicción que merece ser señalada. Desde el Estado se insiste en que las empresas deben adaptarse a los cambios tecnológicos, que los trabajadores necesitan adquirir nuevas habilidades y que la formación continua será indispensable para desenvolverse en el mercado laboral del futuro. Sin embargo, cuando se trata de la propia administración pública, esa exigencia no siempre se traduce en una política integral de desarrollo de capacidades.
El problema es que estamos confundiendo capacitación con profesionalización.
Aprender a utilizar inteligencia artificial no garantiza que un agente público tenga las competencias necesarias para identificar problemas públicos, planificar, analizar alternativas de intervención, diseñar e implementar políticas públicas o evaluar sus resultados. Tampoco asegura que pueda tomar decisiones basadas en evidencia, gestionar recursos eficientemente o comprender la importancia de la integridad pública en el ejercicio de sus funciones.
El Estado necesita personas capaces de analizar la realidad sobre la que intervienen, formular respuestas, establecer objetivos, definir indicadores y evaluar resultados. Necesita, además, empleados públicos que comprendan los principios de ética, integridad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Porque la calidad de la gestión pública no se mide únicamente por su eficiencia, sino también por la legitimidad con la que se ejerce el poder y se administran los recursos públicos.
Estas capacidades no deberían depender exclusivamente de la iniciativa individual de cada empleado ni de la oferta ocasional de cursos. Deberían formar parte de una política institucional permanente, vinculada con las responsabilidades de cada puesto y los objetivos de cada organismo.
La formación de los empleados públicos no puede ser entendida como un beneficio accesorio ni como una actividad que se desarrolla cuando hay disponibilidad presupuestaria o aparece una nueva herramienta que aprender. Es una inversión en capacidad estatal y, fundamentalmente, en la calidad de las políticas públicas y de los servicios que recibe la ciudadanía.
La cuestión adquiere todavía más relevancia en un contexto de transformación tecnológica acelerada. La inteligencia artificial puede mejorar la productividad, reducir tiempos y facilitar tareas, pero su utilización en el ámbito público exige criterio, responsabilidad y capacidad de supervisión. La tecnología no sustituye la responsabilidad de quien ejerce una función pública.
La modernización del Estado no puede reducirse a digitalizar trámites, incorporar plataformas o implementar inteligencia artificial. Una administración puede disponer de tecnología de última generación y, al mismo tiempo, conservar estructuras rígidas, dificultades para planificar, problemas de coordinación y déficits en la evaluación de sus políticas. La tecnología puede acelerar procesos, pero no corrige por sí sola los problemas de gestión.
Este desafío no corresponde únicamente al Gobierno nacional. Involucra también a las provincias y a los municipios. La profesionalización del empleo público debe ser una preocupación transversal a todos los niveles de gobierno y no una iniciativa aislada de una gestión.
La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para repensar la administración pública. Pero también puede convertirse en una distracción si nos concentramos exclusivamente en las herramientas y dejamos de discutir las capacidades de las instituciones y de las personas que las integran.
El Estado no puede exigirle a la sociedad que se prepare para el futuro mientras posterga su propia transformación. No puede reclamarles a las empresas innovación, productividad y formación continua, y considerar que dentro de sus propias organizaciones alcanza con sostener estructuras que no desarrollan sistemáticamente las capacidades de sus trabajadores.
La profesionalización del empleo público no es un privilegio de los agentes estatales ni una reivindicación corporativa. Es una obligación de quienes gobiernan y una condición para garantizar mejores políticas públicas y servicios de calidad.
Los gobiernos cambian, las tecnologías evolucionan y las demandas ciudadanas se transforman. Lo que no debería cambiar es la responsabilidad política de construir un Estado cada vez más capaz.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo incorporar inteligencia artificial al Estado argentino. La pregunta es si existe una verdadera decisión política de construir un Estado profesional, preparado y a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.


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