Los concejales Carlos Cardozo, de Unión PRO Federal y Martín Rosúa, de UCR 1983, piden que el Departamento Ejecutivo de cumplimiento a la ordenanza Nº 9.523 aprobada en marzo del 2016.
Recuerdan los ediles que tras ser aprobada el 17 de marzo del año pasado fue promulgada por la intendenta municipal, Mónica Fein el pasado 18 de abril. La normativa dispone la creación de un Observatorio Municipal para el “seguimiento permanente y aplicación” de la ordenanza sobre horarios de cierre dominical de supermercados de más de 1.200 metros cuadrados de superficie, ley provincial a la cual adhirió Rosario el mismo día en que se aprobó dicha ordenanza.
Asimismo los concejales Cardozo y Rosúa consignan que “la ley de cierre dominical compulsivo de supermercados nos ha traído un debate que hoy se agudiza al haber declarado una Cámara Civil y Comercial la inconstitucionalidad de la norma (algo que nosotros advertimos durante la discusión de la adhesión de Rosario) y al día de la fecha nos encontramos ante el inconveniente (y quizás la inequidad) de que solo pueden abrir sus puertas los locales que tienen fallo a favor, mientras que otros negocios no lo pueden hacer aunque así lo desean porque no se resolvió su amparo a tiempo antes de la feria judicial”.
“Además de todos estos problemas, -enfatizan- hacemos notar que tampoco se ha conformado el Observatorio Municipal que tendría que estar funcionando con dos representantes del municipio, dos del Concejo, uno del Ministerio de Trabajo de la provincia, otro de la Asociación Empleados de Comercio y uno de la cámara empresaria, por lo que se está obviando una normativa que se aprobó el mismo día de la adhesión”.
Sostienen los ediles Cardozo y Rosúa que “es importante que se cite desde la Municipalidad de Rosario a la conformación del Observatorio ya que además de ‘formular un seguimiento permanente de la aplicación de la norma’ y ‘recopilar información sobre la materia’, tiene como misión ‘observar el impacto’ de la adhesión, tanto a nivel laboral, como en la economía de la ciudad, por lo que pedimos que, a través del organismo que corresponda, la señora intendenta haga cumplir una ordenanza que (teniendo en cuenta las diferencias que ha suscitado esta aplicación y en medio de un debate judicial en marcha) ya tendría que estar aplicada”.
Por último marcan los ediles Cardozo, de Unión PRO Federal y Rosúa, de UCR 1983: “Pedimos que, por una cuestión de sentido común, y habiendo fallos desfavorables a la pésima ley que aprobó el Senado de la provincia, se aguarde la adhesión de Rosario al fallo final que deberá dar la Corte Suprema de Justicia. Avanzaron igual y hoy estamos ante una clara situación de inequidad”.
