Se retomó en comisión el debate con las exposiciones de defensores públicos y expertos en materia judicial propuestos por el oficialismo y por el radicalismo. Buscan debatir el proyecto en el reciento el 19 de noviembre.
Entre los expositores, estuvieron Alfredo Perez Galimberti, defensor general alterno de la provincia de Chubut, quien se pronunció a favor del cambio de sistema al que calificó como “un hecho histórico”.
No obstante advirtió que no observa plazos de caducidad en la normativa y que eso le “preocupa” y consideró que “lo que se advierte que los códigos son perentorios pero terminarán siendo ordenatorios.”
“Se trata de un hecho histórico. La revolución de las organizaciones tiene que merecer la mayor de las atenciones porque ahí reside la eficacia”, añadió y declaró que “ojalá se apruebe pronto porque si sale con defectos se puede corregir, lo importante es que incluya los nudos centrales”.
Ignacio Tedesco, defensor público fiscal, evaluó que “no existe la menor duda de que corresponde trabajar en una nueva estructura procesal penal” y agregó que “el sistema va a poder dar respuesta a todos, si involucra a todos y es un sistema de partes”.
Carlos Alberto Beraldi, abogado penalista propuesto por el radicalismo, dijo que apoya “decididamente la reforma” pero advirtió que debe ser “redactada de la mejor manera posible”.
El oficialismo busca avanzar con el tratamiento de la iniciativa para emitir dictamen en los próximos días y debatirla en el recinto el 19 de noviembre.
En la audiencia de ayer expusieron jueces, camaristas y especialistas en derecho ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto del Gobierno propone un cambio de sistema procesal penal del inquisitivo actual a uno de tipo acusatorio, en el que los fiscales estarán a cargo de las investigaciones y los jueces deberán garantizar la transparencia del proceso y los derechos de los involucrados en las causas, además de dictar sentencia.