El gobierno nacional derogó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
La norma puesta en marcha por el gobierno de Juntos por el Cambio había sido largamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas (ONU), que le habían pedido al Estado argentino dar marcha atrás con ella por tratarse de un retroceso en materia de política migratoria.
En solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales. Estas medidas habían sido tomadas en clara sintonía con la política restrictiva de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Su derogación quedó fue oficializada a través del decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, que entre sus considerandos destaca que la los cambios a la Ley de Migraciones (25.871) impulsada por el gobierno anterior eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Por este motivo, restituyó la vigencia de la normativa que había sido modificada de manera unilateral y con criterios discriminatorios, y creó además una Comisión Asesora de Política Migratoria que deberá “proponer medidas no vinculantes” relativa a la Ley de Migraciones.
Otra de las razones por las cuales se derogó el DNU firmado por Macri en 2017 fue porque los cambios que había introducido observaban violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo “la violación al principio del debido proceso y al derecho a contar con asistencia y defensa legal”.
Además, esa modificación que Macri hizo por decreto había agravado “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, causándole también un daño económico al Estado argentino.
Entre los fundamentos de la derogación, se explica que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto” macrista. Por ello, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU habían “expresado su profunda preocupación” e instaron al Estado Argentino a derogarlo.
En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio”.
Cuando Macri modificó por decreto la Ley de Migraciones, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía “impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
