Por Sebastián Repetto – Editor de 12noticias.tv y CEO de Alerta Spoiler Contenidos
En Villa Gobernador Gálvez, la instalación de una antena 5G en la Plaza de la Cooperación encendió una alarma que va mucho más allá de las dudas sobre la radiación o los debates tecnológicos. Lo que realmente está en juego es algo más profundo: cómo se gobiernan los espacios públicos, quién decide sobre ellos, y qué lugar se le otorga a la comunidad en esas decisiones.
La torre ya está ahí. Alta, metálica, ajena. Fue colocada frente a una escuela, en una plaza donde todos los días circulan familias, chicos en bicicleta, personas mayores que caminan, y jóvenes que encuentran en ese espacio un respiro urbano. Una plaza no es solo una porción de tierra verde. Es el último bastión de lo colectivo, lo común, lo compartido. Es donde una ciudad respira.
Entonces, cuando se instala una estructura de este tipo sin mediar consulta, sin difundir información clara y sin cumplir con las ordenanzas que exigen participación vecinal, no estamos ante un simple caso de desinformación. Estamos ante un retroceso en la forma de entender la democracia.
La ordenanza municipal N.º 2370/16 es clara: cualquier intervención de estas características debe ser sometida al Registro Público de Oposición, una instancia mínima pero fundamental para que la ciudadanía pueda opinar. Esa instancia, en este caso, nunca se abrió. La factibilidad fue otorgada en una reunión cerrada de una hora de duración, el 27 de noviembre de 2024, con la presencia de algunos concejales y funcionarios técnicos. Nadie lo sabía. Nadie fue invitado a discutirlo.
Lo simbólico no es menor. La antena no fue ubicada en un predio industrial ni en un espacio marginal. Fue instalada en el corazón de la ciudad, como si su sola presencia tuviera que ser aceptada sin chistar. Como si la comunidad no tuviera voz ni voto sobre lo que sucede en su propio entorno.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántas otras decisiones se están tomando así, sin consulta, sin participación, sin transparencia? ¿En qué momento se naturalizó que lo público puede ser intervenido desde la lógica del trámite administrativo, sin pasar por el filtro del debate ciudadano?
Más allá de la discusión técnica sobre el 5G, lo que está en juego es el derecho a decidir sobre lo que es de todos. No es solo una antena en una plaza. Es un modo de hacer política. Uno que reduce la voz de la comunidad a un ruido de fondo, cuando en realidad debería ser el centro de la escena.
La participación ciudadana no es un lujo, es una necesidad democrática. Y cuando se la omite, los espacios públicos se convierten en territorios vulnerables, listos para ser colonizados por intereses que no siempre responden al bien común.
Lo que piden los vecinos es simple: que se escuche su voz, que se cumpla con la ley, y que se respete la esencia del espacio público como lugar de encuentro, juego y vida comunitaria. No es un capricho. Es sentido común. Y sobre todo, es justicia urbana.
En tiempos donde el desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados, la discusión no puede ser solo sobre cuántas megas necesitamos, sino sobre cómo se integra ese avance al tejido social sin arrasar con los derechos de las personas.
El progreso no puede construirse en silencio ni a espaldas del pueblo. Porque si no hay participación, no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay ciudad posible.
