El concejal Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, pidió la urgente articulación de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, para prevenir, evitar y eventualmente desarticular los constantes hechos de robos de cables y piezas de cobre que interrumpen de manera continua, por la gran sucesión de hechos delictivos que se han dado en los últimos meses, los servicios de telefonía fija, internet, energía eléctrica y gas natural, que son tan necesarios para la comunidad en este momento de situaciones de aislamiento y distanciamiento en el marco de la pandemia de COVID.
Cardozo, a quien acompañan en la petición sus pares Anita Martínez, Renata Ghilotti y Alejandro Rosselló, también hace un pedido en carácter de urgente para que el Ministerio Público de la Acusación acelere las investigaciones, allanamientos y clausuras en los establecimientos dedicados a la reducción y comercialización clandestina de cables y piezas de cobre, a los fines de desalentar los robos de tendidos de ese metal que tanto afectan a la población y que la Secretaría de Desarrollo Económico, arbitre los canales de comunicación necesarios con las empresas prestatarias de servicios esenciales para que, ante la sucesión de hechos delictivos relacionados con cables y piezas de cobre, se proceda a la restitución de las redes o piezas para restablecer los servicios interrumpidos a la brevedad posible.
Cardozo, Martínez, Ghilotti y Rosselló sostienen, que es “permanente el reclamo de vecinos, vecinales y otras organizaciones de la sociedad civil acerca de los inconvenientes en los servicios de telefonía fija, internet, energía eléctrica y gas natural debido a los constantes robos de cables y piezas de cobre que se han disparado en la ciudad en los últimos meses, con mas de 1000 hechos delictivos de esa naturaleza desde octubre de 2020 a la fecha”.
“El robo cotidiano de cables y piezas de cobre afecta a redes de telefonía fija, internet, televisión por cable, energía eléctrica (en menor medida por los riesgos que implica manipular redes de la EPE en baja, media y alta tensión), medidores de gas y cualquier elemento que contenga ese metal genera continuos trastornos en la población que se ve afectada por la interrupción de servicios que hoy son más básicos que nunca” expresan los ediles.
“Al ser todos ellos servicios concesionados o regulados por el Estado resulta imprescindible, por un lado, exigir a las empresas prestatarias las reparaciones urgentes para restablecer las prestaciones y, por otro, tomar todas las medidas necesarias desde el propio Estado para resguardar las instalaciones y prevenir e impedir estos robos que son tan dañinos para la ciudadanía, así como también es tarea indelegable del Estado, tanto en sus niveles ejecutivos como de la Justicia, en este caso del Ministerio Público de la Acusación, investigar, perseguir, desactivar y clausurar los lugares en donde se desarrolla la tarea de reducción y comercialización de los metales robados, ya que cortando esta cadena de economía ilegal el interés de los delincuentes seguramente será menor a la hora de llevar adelante estos ilícitos” finalizan Cardozo, Martínez, Ghilotti y Rosselló.
