El parlamento ucraniano aprobó el acuerdo comercial con la Unión Europea y una ley de estatus especial y amnistía para la sublevada región Este del país, mientras en una manifestación callejera, que exigía la aprobación de una ley de purgas políticas que se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, un legislador fue arrojado a un contenedor de basura.
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que gatilló la crisis en la ex república soviética, fue aprobado simultáneamente por el pleno del Parlamento Europeo y el ucraniano (Rada), pero el capítulo económico, el más importante y controvertido desde Moscú, quedó suspendido hasta 2016.
En una sesión plenaria compartida y conectada por videoconferencia, el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo con 535 votos a favor, 127 en contra y 35 abstenciones, según informó la agencia de noticias EFE.
La ex primera ministra Yulia Timoshenko y el resto de la oposición acusaron al presidente de “legalizar el terrorismo y la ocupación de Ucrania” con esta nueva ley, y señalaron que representa “la plena rendición de los intereses de Ucrania en el Donbass” (regiones de Donetsk y Lugansk).
La polémica política ucraniana ya había tachado de “peligroso” el proyecto de ley que fue aprobado hoy por la Rada Suprema (legislativo ucraniano).
“Eso significa que nosotros simplemente vimos en el marcador la cifra 277. No sabemos quién votó por esa ley y si efectivamente el Parlamento apoyó esta ley. Me da vergüenza este Parlamento”, aseguró, por su parte, el diputado Andrei Shevchenko, del partido de Timoshenko, Batkivshchyna.
El viernes pasado Ucrania, la UE y Rusia acordaron aplazar hasta finales de 2016 la entrada en vigor de un área de libre comercio entre el bloque europeo y Ucrania, algo contemplado en el acuerdo, tras las amenazas de Moscú de que tomaría medidas para proteger su mercado.
Momentos antes de la ratificación del acuerdo, la Rada Suprema había aprobado una ley que confiere un estatus especial a la conflictiva región oriental del país y una amnistía para los rebeldes separatistas.
Esta nueva ley, que busca poner en práctica el plan de paz que acordaron las autoridades ucranianas y los separatistas a comienzos de septiembre, contempla tres años de autogobierno para las zonas bajo control de los rebeldes en las regiones de Donetsk y Lugansk y dicta una amnistía para los milicianos que no hayan cometido crímenes graves y depongan las armas en el plazo de un mes.
La ley sobre el estatus especial de Donetsk y Lugansk tiene una vigencia de tres años, garantiza el derecho a una lengua propia a la población rusoparlante en esas regiones y prevé el reforzamiento del autogobierno en algunas zonas y una estrecha cooperación entre el este de Ucrania y las regiones fronterizas rusas.
También concede a las regiones del este el derecho de organizar sus propias elecciones y autoriza la creación de una milicia popular propia en las regiones controladas hasta el momento por los separatistas.
Como contrapartida, la norma exige a los insurgentes de Donetsk y Lugansk que renuncien a su demanda de independencia y que celebren elecciones municipales el 7 de diciembre junto con Ucrania -donde están proscriptos o perseguidos partidos populares en el Este- para que, como declaró Poroshenko, Kiev tenga autoridades con las que pueda conversar en lugar de “terroristas”.
La aprobación por la Rada de la propuesta de Poroshenko fue recibida con positiva cautela por los dirigentes del Este de Ucrania.
El primer ministro de la república popular de Donetsk (RPD), Alexander Zajarchenko, dijo que iba a esperar a que Poroshenko la rubricara, luego “la traduciremos al ruso, la leeremos y daremos nuestra evaluación”.
Su viceprimer ministro, Andrei Purgin, anunció que la RPD “estudiará -y hasta podría adoptar algunas disposiciones- del articulado de la recién aprobada ley ucraniana (que definió como “ley marco”) sobre el status especial para el Donbass, que incluye la DPR y la república popular de Lugansk (RPL)”.
Ya antes de la aprobación parlamentaria del proyecto, el presidente de la RPL, Igor Plotnitsky, había anticipado a la agencia RIA Novosti que “refleja en general las prioridades que planteamos en las negociaciones del 1 de setiembre (en Minsk, Belarús) … Pese a que queda mucho por aclarar podríamos decir que la solución pacífica recibió su primera oportunidad”.
Y el presidente del Consejo (Soviet) Supremo de la LPR, Alexei Karyakin, declaró por su parte que el derecho a disponer de policía propia que la ley acuerda a los partidarios de la independencia de Ucrania Oriental podría permitirles aspirar a un status de legitimidad internacional, tras lo cual “nadie podría definir como ‘terroristas’ a los milicianos”.
Como coronación de un agitado día en Kiev, una multitud de mlitantes de Sector Derecho, Volya (Voluntad) y Automaidán cortaron parcialmente la calle, quemaron centenares de neumáticos y tiraron bombas de estruendo frente al parlamento hasta que se enteraron de la aprobación de una ley de purgas políticas.
Durante la manifestación, la multitud tomó al diputado Vitaly Yuravsky, que había salido a tomarse un respiro de la extenuante sesión, y lo arrojó a un contenedor de residuos.
Yuravsky, del grupo Desarrollo Económico, había sido uno de los impulsores de la ley -conocida como “de expiación”- que los manifestantes habían ido a apoyar, informó la página web Russia Today.
Tras salir del contenedor repleto de basura, al que había sido arrojado al grito de “¡Gloria a Ucrania!”, Yuravsky atribuyó lo ocurrido a sus competidores en la región de Zhitomir (oeste).
Activistas del Maidán le pidieron luego disculpas públicas. Yuravsky no presentará cargos.
La ley prohíbe actuar en política a los aliados más próximos del depuesto presidente Víctor Yanúkovich y a quienes hayan dañado a los manifestantes del Euromaidán, pero se extiende incluso a quienes combatieron a grupos colaboracionistas ucranianos con el nazismo, a los que denomina “movimiento de liberación nacional ucraniano”.
Fue aprobada tras una tercera votación impuesta en forma irregular por el presidente de la cámara, Víctor Turchinov, que además alentó a los parlamentarios a convocar a sus partidarios incluso “al salón de conferencias. No saldremos de aquí hasta que no se apruebe”.
