Cuando intentaba reponerse del duro golpe que le asestó la Corte Suprema de Brasil al rechazarle el habeas corpus con el que pretendía evitar la cárcel, a Lula le pegaron con otra trompada de KO: el inflexible magistrado federal Sergio Moro ordenó su detención y le dio un plazo máximo de 24 horas -vence a las 17 del viernes- para que se entregue a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, “a los efectos de iniciar la ejecución de la pena de 12 años y un mes” por corrupción pasiva y lavado dinero.
“En atención a la dignidad del cargo que ocupó, le concedo esta oportunidad de presentarse voluntariamente”, indicó el juez encargado de la causa Lava Jato y quien en primera instancia lo sentenció a 9 años de prisión por haber recibido un lujoso departamento en el balneario de Guarujá a cambio de favorecer a la constructora OAS con el otorgamiento de millonarios contratos con Petrobras. Cabe recordar que esa condena fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en Porto Alegre.
Moro también determinó que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa del líder petista y las autoridades policiales, a la vez que dejó en claro que “en ninguna hipótesis serán utilizadas esposas para aprehenderlo”.
SIN TIEMPO
La noticia sorprendió a los abogados del otrora Jefe de Estado, que calificaron de “decisión arbitraria” la orden de detención. “Es contraria a la legislación brasileña ya que aún no se agotaron todos los recursos en segunda instancia”, criticaron.
Precisamente los letrados se preparaban para jugar una última carta, dado que hasta el martes próximo podían presentar ante el Tribunal Regional Federal de la 4 Región un recurso que no pretende modificar la pena sino que busca aclaraciones del fallo dictado oportunamente, un procedimiento que la mayoría de las veces persigue demorar el proceso y por ello suele ser desestimado.
Una vez concluido todo el trámite en segunda instancia, todavía tienen un plazo de 15 días para elevar un recurso contra el Superior Tribunal de Justicia (STJ), corte de tercera instancia donde las pruebas no son nuevamente examinadas sino que se analiza la legalidad del juicio. Aquí puede solicitarse el efecto suspensivo de la sentencia.
Más allá de estos vericuetos legales, los letrados Valeska Teixeira Martins y Cristiano Zanin Martins reiteraron que adoptarán “todas las medidas legalmente previstas para evitar que la anticipación de la condena impuesta automáticamente por el tribunal sea ejecutada, porque es incompatible con la Constitución”.
INCIDENTE
Un incidente que dejó al menos herido se registró ayer frente a la sede paulista del Instituto Lula, donde un grupo de detractores del anfitrión que se habían congregado frente al edificio se enfrascaron en un cruce de manotazos, gritos e insultos con el senador petista Lindbergh Farias y varios militantes.
LA CELDA ESTA LISTA
Lula será alojado en una celda especial y aislado de otros presos “por seguridad”, exigió Moro esgrimiendo otra vez “la dignidad del cargo ocupado”. Se trata de “una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superintendencia de la Policía Federal”.
Allí estará separado de los demás internos, “sin ningún riesgo para su integridad moral o física”. De este modo, no compartirá un presidio común en Curitiba como otros condenados por el Lava Lato.
La prensa venía publicando que la Policía tenía lista esta celda donde se evitará el contacto con su ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y con el ex titular de OAS, Leo Pinheiro, dos de los reclusos que lo “entregaron” en las delaciones premiadas que negociaron con la Fiscalía.
El periódico O Globo anticipó que el político más carismático del país tendrá un par de horas diarias para pasear en soledad en el patio de la Superintendencia. En las primeras jornadas le será vedada la visita de familiares.
UNA RENDIJA
Si bien la votación del Día L fue una derrota para Lula, abrió una rendija que en unos meses podría devolverle la libertad. La clave, repetida, está en la magistrada Rosa Weber, la única de los 11 miembros de la Corte Suprema cuyo sufragio estaba en duda y que acabó inclinando la balanza en contra del habeas corpus.
En su exposición, esta jueza expresó que desde lo “personal”, respaldaba la tesis de la defensa, pero que por su “respeto al colegiado” y por la cautelar dictada en 2016 por ese mismo tribunal no podía más que rechazar el recurso.
Sin embargo, sostuvo que podría revisar su voto si en un futuro se examinara el tema desde la óptica de una “repercusión general”, que beneficiaría a todos los sentenciados en la misma situación del ex dignatario.
En ese sentido, hace un par de meses, organizaciones de la sociedad civil afines al PT pidieron al Supremo que revisara la validez de la prisión tras la segunda instancia con carácter general, pero la presidenta de ese cuerpo, Carmen Lucia Antunes, no pautó tal discusión.
En medio del acalorado debate del miércoles, los magistrados Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski, que votaron por aceptar el recurso, recriminaron a Antunes dicha “omisión” y subrayaron que el resultado sería otro si la cuestión se hubiera tratado en forma general, y no en este caso específico.
Por eso, el PT urgió a Antunes que coloque en la agenda de la corte un debate amplio sobre el cumplimiento de la pena tras la condena en segunda instancia.
OTRA ESPERANZA
Cuando concluyó la sesión, Mello aseguró que la decisión adoptada era temporal, porque “esto será planteado nuevamente”, sea cuando acabe el período de Antunes al frente del tribunal, en septiembre venidero, o cuando la reemplace José Antonio Dias Toffoli, quien en la histórica jornada se pronunció por acatar el habeas corpus, lo cual sugiere que sería más receptivo a la revisión demandada.
Si la cautelar que mantiene la segunda instancia como el límite para un encarcelamiento es derrumbada, Lula no será el único beneficiado: en esa lista figurarían otros 77 políticos y empresarios que permanecen tras las rejas por su participación en la megared de corrupción descubierta en Petrobras.
En medios políticos de Brasilia se señala que esta idea es respaldado por casi todos los partidos, en su mayoría implicados en la escandalosa trama de corrupción.
UN ESCOLLO
Uno de los principales obstáculos para esa posible revisión es la fiscal general, Raquel Dodge, quien rechaza de modo contundente una alteración de las normas actuales.
“La cautelar de 2016 acabó con la sensación de impunidad y con el descrédito de la Justicia, toda vez que impide las exageraciones revisoras que aniquilan el sistema -fundamenta-, pues muchas veces favorecen la prescripción y amparan así a los corruptos, que llegan a pasar décadas apelando una sentencia. Una Justicia que tarda es una Justicia que falla”.
