La Comisión Nacional de Valores oficializará este lunes el pedido a la Security Exchange Comission (SEC) por posibles maniobras especulativas con los bonos de la deuda Argentina en el exterior.
El organismo presidido por Alejandro Vanoli pedirá a su contraparte que “informe sobre la negociación e intermediación de los bonos públicos emitidos por la República Argentina y los swaps de incumplimiento crediticio (CDS por sus siglas en inglés) vinculados con la deuda soberana”.
El objetivo es “individualizar a los tenedores de esos títulos que operaron en el mercado de Nueva York” y “dilucidar si existió una posible manipulación de mercado y de uso de información privilegiada mientras se perseguían estrategias judiciales contra nuestra Nación”, indicó la CNV en un comunicado emitido esta tarde.
El pedido buscará determinar si existió un posible conflicto de intereses por parte de un grupo de tenedores de bonos, entre los que se encontraría la firma Elliot Management Corporation, de la cual NML Capital es parte.
La CNV subrayó que Elliot optó por no participar de la reestructuración de deuda y mantiene un litigio con Argentina en los tribunales de Nueva York, posee al mismo tiempo seguros contra default (“credit default swaps” o CDS, según sus siglas en inglés) e integra el Comité de Determinación de Créditos Derivados de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA).
Para la CNV, el caso podría ser de “aún mayor gravedad que uno de uso de información privilegiada” al considerar que el juez Thomas Griesa “delegó en los fondos que se encuentran en litigio con el país la decisión de conceder una suspensión de la sentencia”.
“Si tuvieran en su poder CDS podrían haber producido ellos mismos las condiciones del cobro”, agregó la Comisión.
Al respecto, la CNV explicó que “para que se dispare el cobro de los CDS es necesario que la ISDA determine que se ha producido un evento de crédito negativo”, y mencionó que el fondo Elliott Management ya estaría siendo investigado por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) por posible delito de uso de información privilegiada en relación a una operación bursátil.
El comunicado emitido esta tarde destacó además que “los CDS se encuentran especialmente cuestionados desde septiembre de 2008 cuando quebró Lehman Brothers y el gobierno de Estados Unidos salió a rescatar a la aseguradora American Internacional Group (AIG)”.
El viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, había afirmado esta mañana que “los fondos buitres están de los dos lados de la mesa” al considerar que “tienen seguros por default pero además integran el comité que vota para determinar si Argentina esta o no está en un default”, afirmó.
“Con esos intereses cruzados es obvio para donde va a estar inclinada la votación”, agregó.
Asimismo, Álvarez Agis cuestionó la parcialidad del mediador con los fondos buitre, Daniel Pollack, y adelantó que el gobierno pedirá su remoción.
“Mas que mediador, Pollack se está poniendo la camiseta de los buitre porque no les está pidiendo nada, ni que bajen las condiciones”, sostuvo en diálogo con Nacional Rock.
Por su parte, el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni consideró que “habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre” debido a que “parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo”.
El magistrado señaló que no hubo “buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral” y “cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción”.
“Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa”, sostuvo Zaffaroni en una entrevista con el diario Página 12 publicada este domingo.
“El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado”, analizó el juez.
