Los recursos económicos, el combustible que les permite desarrollarse a las bandas delictivas de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación, podrían cortarse. El Senado de la Nación dio ayer media sanción a una ley de “extinción del dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico”.
La media sanción (que ahora pasó a Diputados) trae una novedad clave: de aprobarse, no será necesario esperar que un proceso judicial termine en una sentencia para recién luego ir sobre los bienes obtenidos de un modo ilícito por los condenados.
Cuando existan “indicios vehementes y suficientes” en relación al modo delictivo de la obtención de recursos, la Justicia penal federal podrá decomisarlos al inicio del proceso jurídico, y no al final, cuando llega la sentencia, que incluso puede ser absolutaria. Que suele ocurrir luego de varios años.
El proyecto de ley que ahora pasó a Diputados modifica el artículo 23 del Código Penal, e introduce el 23 bis. Cuenta con una potencia política notable: nació por iniciativa del senador Rubén Giustiniani —quien luego consensuó con otras tres propuestas, de la UCR, el oficialismo y el PRO— y fue votado por unanimidad.
El senador socialista Giustiniani, al término de la sesión, expresó: “Con esta ley vamos al corazón del problema del narcotráfico, y también de la inseguridad”.
