Redacción 12noticias.tv
En una columna reciente en LA NACION, Juan Sebastián De Stefano advierte que cuando la idoneidad deja de ser un criterio decisivo para acceder a cargos públicos, el espacio puede quedar en manos del amiguismo y los privilegios. Comparto esa preocupación. Una administración pública necesita personas preparadas para cumplir sus responsabilidades, y los nombramientos deben responder a las capacidades de quienes aspiran a cada puesto.
El capítulo sobre mérito del Manual de la OCDE sobre Integridad Pública aporta una base concreta para esa defensa. Recomienda que la contratación, la selección y los ascensos se apoyen en criterios objetivos, procedimientos transparentes y oportunidades abiertas para las personas calificadas. También señala la importancia de contar con supervisión y vías para impugnar decisiones injustas. Así, el mérito no queda librado a una declaración de principios: se expresa en reglas que ordenan cómo se cubren los cargos.
Ese diseño tiene consecuencias para la calidad del Estado. Según la OCDE, elegir a las personas con las capacidades adecuadas favorece el desempeño de la administración y reduce el espacio para el favoritismo, el nepotismo y el patronazgo. Cuando un cargo se asigna por cercanía o lealtad política, se resiente la confianza en las instituciones y se debilita la idea de que el servicio público está al servicio de todos.
Este principio también debería orientar a quienes gobiernan cuando conforman sus equipos. Hay cargos de confianza y designaciones discrecionales en los que la autoridad tiene un margen legítimo de elección. Pero ese margen no debería confundirse con la libertad de prescindir de la idoneidad. La política puede elegir colaboradores que compartan su rumbo; también debe procurar que tengan la preparación y la capacidad necesarias para las responsabilidades que asumirán.
La dirigencia da el ejemplo con sus decisiones. Si quienes tienen la responsabilidad de conducir no buscan a las personas más capaces para integrar sus equipos, ¿con qué autoridad pueden exigir después que el resto de la administración actúe con criterios de mérito? La confianza política puede explicar una designación; la capacidad para ejercer el cargo debería sostenerla.
Para que los concursos cumplan ese propósito, los requisitos deben estar vinculados con las tareas reales del puesto y definirse antes de evaluar a los candidatos. La preparación y la experiencia importan cuando permiten determinar quién puede hacer mejor ese trabajo. Las credenciales, por sí solas, no alcanzan; tampoco alcanza con invocar la idoneidad si no hay criterios claros para reconocerla.
La OCDE también plantea que el acceso debe ser equitativo para las personas calificadas y que conviene revisar si los procedimientos desalientan la participación de algunos grupos. Esto no debilita el mérito: ayuda a que la evaluación considere a quienes están en condiciones de ocupar el cargo. La igualdad de oportunidades y la idoneidad pueden sostenerse juntas.
A mi juicio, el mérito también es una forma de respeto hacia la ciudadanía. Los cargos públicos implican responsabilidades y se sostienen con recursos de todos. Por eso, quienes los ocupan deben poder explicar qué preparación tienen y por qué fueron seleccionados. Cuando el proceso es claro, el nombramiento puede defenderse por sus razones y no por quién conoce a quién.
La exigencia tampoco debería terminar el día del concurso. Una persona puede haber sido seleccionada con justicia y, aun así, necesitar formación o evaluación a lo largo de su carrera. El Estado cambia, las tareas cambian y las responsabilidades públicas exigen responder a nuevas necesidades. Reconocer el mérito supone cuidar tanto el ingreso como el trabajo que viene después.
Defender el mérito no consiste en confiar ciegamente en cualquier examen o antecedente. Consiste en exigir que las reglas sean pertinentes, conocidas y aplicadas de manera justa; que permitan seleccionar a las personas capaces; y que dificulten los nombramientos decididos por vínculos o conveniencias.
La discusión no debería llevarnos a elegir entre igualdad y mérito. Una administración pública justa abre oportunidades y, al mismo tiempo, exige la preparación necesaria para cada función. Cuando esa combinación se vuelve regla, el Estado gana profesionalismo y la ciudadanía puede confiar en que los cargos se ocupan por razones que sirven al interés público.
