Redacción 12noticias.tv
Hay una frase clásica en la ciencia política comparada que sostiene que los gobiernos no se definen por los discursos con los que llegan al poder, sino por las herramientas que consiguen legalizar para ejercerlo.
Esta semana, el mapa institucional santafesino dejó al descubierto una escena reveladora: la Cámara de Diputados aprobó, por una abrumadora mayoría de más de dos tercios, el paquete de seguridad pública remitido por la Casa Gris.
Para entender el fenómeno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe hay que mirar más allá de la coyuntura policial y adentrarse en la mecánica del poder provincial. Pullaro pertenece a esa categoría de dirigentes que conciben la gobernabilidad no como un marco teórico de consensos abstractos, sino como una ingeniería de resultados concretos.
Frente al problema estructural del crimen organizado —un ecosistema delictivo que durante años operó con llamativa soltura desde las dependencias penitenciarias—, el Ejecutivo santafesino ha decidido aplicar lo que en el análisis del Estado se conoce como la centralidad del monopolio de la fuerza.
El texto aprobado en la Cámara baja —con 37 votos a favor que sumaron a sectores del PJ no kirchnerista y aislaron a la izquierda— contiene una señal de fondo insoslayable. De las once reformas que envió la Casa de Gobierno, diez quedaron intactas. La única concesión relevante fue el retiro del capítulo sobre la zona de intervención especial policial, un repliegue táctico del oficialismo para desactivar el recelo de sus socios socialistas y asegurar la aprobación del núcleo duro de la norma.
Es allí donde aparece el rasgo más singular de la estrategia de Pullaro: la adopción, por primera vez en la legislación provincial argentina, de la figura del juicio en ausencia. Un instrumento de altísima densidad jurídica y política que busca quebrar la estrategia histórica de los capos narcos: la fuga como garantía de impunidad. Al sumar modificaciones al Código Procesal Penal, a la Ley de Inteligencia y al régimen de protección de testigos, el santafesino no busca inventar un modelo nuevo, sino dotar a los fiscales de la capacidad operativa que el formalismo procesal solía neutralizar.
En los pasillos de la Legislatura, el debate expuso las tensiones inevitables de una coalición diversa como Unidos para Cambiar Santa Fe. Las críticas de la bancada socialista encabezada por Lionella Cattalini y Joaquín Blanco a ciertos modales y nombres de la gestión —como los cruces dirigidos a Federico Angelini— revelan que el ensamble oficialista requiere un trabajo diario de sintonía fina. Sin embargo, en el cómputo final, la disciplina del número se impuso sobre el chispazo retórico. El oficialismo entiende que la coalición se sostiene en la medida en que produce resultados.
Los datos cuantitativos que la propia bancada radical exhibió durante la sesión funcionan como el sustento empírico del relato de gestión: 63 presos de alto perfil de máximo nivel sometidos a regímenes de estricto aislamiento y 615 internos bajo custodia reforzada. Es la cifra como argumento de gobernabilidad.
El paso del proyecto al Senado se prevé expedito, pero el dato político de fondo ya está consolidado.
En un escenario nacional caracterizado por la fragmentación del sistema de partidos y la dificultad para construir mayorías sólidas, la experiencia de Santa Fe ofrece un espejo interesante: la consolidación de un liderazgo provincial que, a fuerza de pragmatismo y control del territorio, logra que la oposición le firme las herramientas para ejecutar su plan de gobierno.
En el tablero del poder santafesino, la política volvió a imponerse como un oficio de resultados.
