El pasado 28 de Diciembre el gobierno nacional promulgó la ley de Reforma Previsional y la publicó en el Boletín Oficial.
De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil y Comercial las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial (en el Boletín) por lo tanto, hoy seis de enero de 2018 la ley adquirió VIGENCIA en todo el territorio de la República Argentina.
¿Qué significa que haya adquirido VIGENCIA?
Significa que la ley de REFORMA PREVISIONAL comienza a producir efectos jurídicos sobre las personas, a quienes afectará negativamente reduciendo los montos a percibir en virtud de la modificación que se le hiciera al calculo de la movilidad jubilatoria. Los damnificados serán entonces los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo, ex combatientes de Malvinas, etc.
Quienes hayan seguido mi participación en la Cámara de Diputados durante el debate por la reforma previsional sabrán que me manifesté en contra de la misma por considerarla, entre otros motivos, manifiestamente inconstitucional. Mis argumentos para oponerme se basaron en que el proyecto de ley (ahora ley) violaba los Principio de PROGRESIVIDAD y NO REGRESIVIDAD que existen en materia de Derechos Humanos y que nuestra Constitucion Nacional ha receptado con la incorporación de los Tratados Internacionales a los cuales ha otorgado jerarquía constitucional por lo que las leyes que se sancionen deben respetarlos. (Art 75 inciso 22).
Ahora bien, la realidad es que el gobierno nacional ha decidido ajustar CIEN MIL MILLONES DE PESOS en jubilaciones y pensiones a costa del empobrecimiento de sectores vulnerables de nuestra sociedad con una ley a todas luces injusta e inconstitucional.
¿Existe algún remedio para poder enfrentar esta situacion?
La respuesta es SI. El RECURSO DE AMPARO INDIVIDUAL O COLECTIVO es la última vía posible para intentar que no se aplique la ley aprobada el mes pasado y que los tribunales declaren la inconstitucionalidad de la misma.
Es muy importante que todos los damnificados mencionados anteriormente se organicen y acudan a los centros de jubilados y pensionados, sindicatos, gremios, etc, de sus ciudades para interponer este remedio que nos otorga nuestra legislación a fin de que no se haga efectivo lo que consideramos una de las mayores lesiones a los derechos adquiridos que ha provocado el Gobierno Nacional al promulgar esta ley.
Como alguna vez afirmara el ilustre Rudolf Von Ihering: “Si el derecho no luchara contra la injusticia se negaría a si mismo”. Por lo tanto, si entendemos al derecho como una lucha pacífica y organizada en búsqueda de la paz social, la justicia y la equidad distributiva, utilicemos la herramienta del AMPARO como modo de defensa ante la vulneración de los DERECHOS PREVISIONALES de los afectados.
ALEJANDRA RODENAS
DIPUTADA NACIONAL
NUEVO ESPACIO SANTAFESINO
PARTIDO JUSTICIALISTA
