El dolor de las víctimas de la inseguridad de toda la provincia, que no distingue entre ciudades ni latitudes, obliga a que tengamos políticas de Estado en este tema que -así lo sostuvimos siempre-, es la principal preocupación de todos los santafesinos.
Desde nuestro lugar de oposición, que ejercemos con toda responsabilidad, entendemos que es necesario -sin mezquindades políticas de ningún tipo- darle al Gobernador que acaba de asumir con expectativa de traer tranquilidad y recuperar la paz y el orden, las herramientas que crea necesarias para esa tarea.
Somos coherentes con lo que manifestamos siempre, ya que incluso el Gobierno socialista -que fracasó en dar solución a este tema-, contó desde enero de 2013 y con sucesivas prórrogas, con una Ley de Emergencia en Seguridad. No puede entonces negársele una herramienta similar a este Gobierno.
Es por eso que abogamos por que los legisladores de todos los bloques, más allá de los diferentes aportes que puedan realizar al mensaje remitido por el Ejecutivo provincial, acompañen la sanción de la Ley de Emergencia en materia de Seguridad.
Venimos señalando que enfrentar las economías del delito y las mafias requiere una decisión firme y el compromiso de todos. Los santafesinos saben que pueden contar con nosotros para acompañar en el reclamo, pero también en los aportes para poner freno a esta crisis de seguridad que sufrimos.
Destacamos que nos parece un acierto seguir coordinando esfuerzos entre las fuerzas federales y provinciales. Ese fue uno de los ejes de nuestra propuesta durante la campaña electoral de 2019: incorporar en las principales ciudades un total de 4.500 efectivos adicionales a los que ya venían desempeñando funciones en la provincia, y descontando su financiamiento de la deuda que generó el Kirchnerismo y que tiene fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Santa Fe.
En nuestra experiencia al frente de la gestión en la capital provincial, mediante el trabajo coordinado de las fuerzas federales y provinciales en barrio Alto Verde, se logró reducir a la mitad la tasa de homicidios en un año, prueba de la potencialidad del trabajo articulado.
Y seguimos convencidos de la necesidad de contar con una Policía más profesionalizada; de que resulta imperioso dotar a la fuerza de tecnología que permita trabajar sistemáticamente con mejores herramientas e información; de contar con las leyes que hagan falta para terminar con las puertas giratorias para los delincuentes en la Justicia; y de modernizar el sistema carcelario. Entendemos que son estos los ejes en los que se debe poner manos a la obra de manera urgente si queremos definitivamente derrotar a las mafias y terminar con las economías del delito en nuestra provincia.
(*) Referente de Juntos por el Cambio.
