La Cámara baja buscará convertir en ley el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, en una sesión a la que la oposición asistiría sólo para cuestionar el trámite legislativo del proyecto y luego se retiraría.
El bloque del Frente para la Victoria descartó la posibilidad de hacer lugar a esos reclamos; por lo que llegarán a la sesión con el quórum y los números para obtener la mayoría en las votaciones contabilizando sólo a los propios diputados y a los habituales aliados.
Así, para las 11.45, hora prevista de inicio de sesión, el bloque que preside Juliana Di Tullio aspira a reunir entre 134 y 136 diputados, con lo que superarían los 129 que marcan el número requerido.
Estarán en sus bancas los 118 diputados propios, los 7 del Frente de Santiago del Estero, los 3 de Nuevo Encuentro, los 3 del Movimiento Popular Neuquino, 1 del PJ La Pampa, 2 de diferentes partidos provinciales fueguinos; además de la ex aliada del piquetero Raúl Castells, Ramona Puchetta, y el sindicalista Omar Plaini.
Esos mismos diputados serían los que horas después votarían a favor del proyecto, teniendo en cuenta que la oposición realizará las objeciones reglamentarias en el primer tramo de la reunión y luego se retirará de la sesión, según la estrategia que acordaron hoy en una reunión que finalizó pasadas las 21.
Allí representantes de la UCR, del Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, el Pro y la Coalición Cívica, entre otros, decidieron también que hoy a las 10 se presentarán en los Tribunales federales de Comodoro Py para para “denunciar a las autoridades de la Cámara por abuso de autoridad y posible incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Esta presentación se basa en los reclamos que la oposición comenzó a exponer desde hace una semana por diferentes vías, como una nota al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y un recurso de amparo ante la Justicia.
Entre los argumentos señalan que “no se puede tratar en la Cámara un proyecto sin dictamen de comisión, salvo sobre tablas con una mayoría especial. El proyecto está vigente, pero para ser tratado requiere un dictamen en el que hayan intervenido los actuales diputados de la Cámara y no otros anteriores que ya no pueden asesorar a la Cámara sobre qué cosa hacer”.
Ante estos reclamos, la diputada y secretaria del bloque kirchnerista, María Teresa García, consideró que “diputados cuyos partidos estuvieron representados en la comisión bicameral que elaboró el dictamen del proyecto digan que no pudieron estudiar el texto es de una irresponsabilidad muy grande”.
“Ya están encaprichados en que no van a tratar ningún proyecto; entonces cuando el FPV impulsa algún tema, en vez de ponerse a estudiar esa cuestión, agarran el reglamento y empiezan a buscar obstáculos. No les interesa discutir las cuestiones de fondo”, aseveró.
