Tras confirmarse que, este martes, mediante un fideicomiso público, el gobierno provincial retomará la administración y control de la Autopista Santa Fe Rosario los diputados que conformamos el bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Roberto Mirabella manifestaron un amplio rechazo y recordaron que hace más de un mes citaron al Ministro Garibay para obtener mayores precisiones al respecto.
El gobierno de la provincia de Santa Fe tomó la decisión de rescindir el contrato de concesión vial con la Empresa ARSSA para lo cual creo la figura del fideicomiso entre la Provincia y el Banco Municipal de Rosario. De esta manera el Estado provincial se hará cargo de todas las obras, incumplidas del concesionario, de la Autopista.
“Desde nuestro espacio venimos insistiendo en la gravedad de este caso. En reiteradas oportunidades planteamos que ARSSA debía devolver los 1.500 millones de pesos de perjuicio al erario por la rescisión del contrato. Hasta el momento, desconocemos cuáles son las funciones y atribuciones que tendrá el fideicomiso en el objetivo de la repavimentación de los 313 km, en mantenimiento y seguridad vial”.
En el mismo sentido, resaltar la declaración del COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL (CONADUV) quién, a través de un comunicado, calificó de “estafa vial” que deberán soportar los usuarios viales, ya que el Estado Provincial se hará cargo de todas las obras de la Autopista Rosario-Santa Fe, y sin embargo se seguirá abonando un “falso peaje” o impuesto al tránsito, continuando con los serios perjuicios económicos y sociales que se generan, no solo para quienes transitan por el corredor en cuestión, sino también para toda la sociedad en su conjunto, principalmente por el aumento en el costo de transporte”.
Asimismo, el CONADUV reiteró la gravedad que significa en este caso, como en las concesiones escandalosas “municipales”, la inexistencia de los correspondientes estudios técnicos de beneficio/costo del usuario vial, tal cual lo expresa la Ley de peaje provincial, motivo por el cual, las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de las concesiones viales de jurisdicción de Santa Fe, son claramente ilegales.
