En plena polémica sobre una posible privatización de la empresa estatal Arsat y luego de que trascendiera un compromiso de intención firmado entre el gobierno y la compañía estadounidense Hughes, desde el Ejecutivo nacional salieron a desmentir la versión ya que “es una empresa pública que ha dado utilidades”, y destacaron el contexto electoral en que se produce la acusación.
El saliente ministro de Comunicaciones y flamante de Defensa, Oscar Aguad, negó que existan negociaciones con la norteamericana para privatizar el satélite de comunicaciones Arsat 3 y adjudicó el motivo de la denuncia a que “estamos en campaña electoral”.
Del arco opositor, los precandidatos a senador y diputado por Unión Ciudadana, Jorge Taiana y Daniel Scioli, respectivamente, consideraron que sería “bochornoso” la posible privatización del satélite y llamaron al Congreso a “impedirlo” antes del 31 de agosto, cuando se realizaría el traspaso de funciones de una empresa a otra.
“No se explica por qué hay que darle el 51 por ciento a la empresa estadounidense. Es bastante escandaloso, es bueno que haya salido a la luz. Hay una buena oportunidad de impedirlo, porque la ley vigente lo impide”, dijo el ex canciller en declaraciones a radio 10.
La denuncia
Según informaron en el momento de la acusación, el documento detalla los arreglos de la concesión del Arsat 3 y contaría con las firmas de los representantes de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima -Arsat- y de la compañía estadounidense Hughes Network Systems, LLC.
Con fecha 29 de junio, estipula que ambas partes crearían la sociedad Newco, que se encargaría de la construcción, lanzamiento y explotación del tercer satélite argentino. Además, se señala que la compañía estatal Arsat no puede poseer más del 49% de Newco, mientras que la empresa norteamericana Hughes no puede poseer menos del 51%.
Un acuerdo de esta índole contradice la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (ley 27.208), que en su artículo 8 prohíbe la concesión de los derechos del satélite, por lo que cualquier modificación en el sistema satelital debería pasar en primer lugar por la votación del Congreso, como señala el artículo 10 de la ley.
