Redacción 12noticias.tv
En una jugada que reconfigura el mapa político de la provincia, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trazó definiciones contundentes sobre el escenario electoral, su vínculo táctico con el gobierno de Javier Milei y la pesada herencia de la inseguridad urbana. Con la mira puesta en retener la gobernación, el mandatario combinó advertencias internas, pragmatismo económico y un fuerte mensaje contra la corporación judicial.
Frente al armado de la coalición oficialista —un amplio arco que va desde la centroizquierda hasta la centroderecha—, Pullaro dejó en claro que la prioridad es la continuidad de su gestión, pero advirtió que no se atarán las manos si el consenso se entrampa. “No vamos a dar ningún tipo de ventaja a ningún frente político”, sentenció, abriendo formalmente la puerta a una competencia en las primarias (PASO) si los espacios no logran sintetizar una fórmula única.
Como respaldo político a su plan de poder, el mandatario exhibió los ejes innegociables de su administración: la baja sostenida en los índices de violencia, la reactivación de la obra pública y el fortalecimiento del sistema educativo en territorio santafesino.
Uno de los tramos más filosos de su exposición se centró en la relación con La Libertad Avanza. Pullaro delimitó con precisión quirúrgica los tantos: mientras el mileísmo responde a una arquitectura y una lógica de estricta injerencia nacional, Unidos se consolida como un proyecto político anclado en las necesidades de la provincia.
Si bien reconoció los aciertos del Ejecutivo nacional en materia de contención del gasto y desaceleración inflacionaria, el gobernador metió el dedo en la llaga productiva al reclamar correcciones urgentes. Para la Casa Gris, el modelo no se sostiene únicamente con equilibrio fiscal; el motor de Santa Fe exige blindar la industria, el campo, la producción y el empleo genuino, marcando distancia tanto del populismo kirchnerista como de esquemas centralistas que desatienden las economías regionales.
En el plano institucional, Pullaro elevó la tensión al abordar las causas judiciales que permanecieron cajoneadas durante años en los tribunales federales de Rosario. El mandatario endilgó una explícita “responsabilidad funcional” a la inacción de magistrados que miraron hacia otro lado mientras el narcotráfico ganaba terreno en los barrios.
Sin esquivar nombres propios, recordó que ya en 2012 había denunciado al juez Marcelo Bailaque por el manejo discrecional de expedientes sensibles vinculados al crimen organizado. “Lo que le sucedió a Rosario no es gratis y no es algo que no fue parte de un plan”, disparó con crudeza, poniendo sobre la mesa el costo institucional de una justicia cómplice y corporativa que demoró una década en dar respuestas a la sociedad.
