Redacción 12noticias.tv
Hay una línea muy clara que separa la legítima función de control legislativo de la acusación pública apresurada.
Lo ocurrido en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, a raíz de las denuncias sobre el suministro de nafta y el uso de los vehículos oficiales, invita a una reflexión profunda sobre la responsabilidad institucional.
El escenario dejó al descubierto las dos alianzas tácticas que conviven en el arco político local: por un lado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) acoplándose a la estrategia de la denuncia efectista de Pamela Moro; por el otro, un peronismo que optó por un silencio, actuando como verdaderos convidados de piedra.
El planteo acusador, intentó instalar una sospecha global que afectó la honorabilidad de los trabajadores públicos y sembró dudas sobre la transparencia de las estaciones de servicio locales que proveen de combustible al municipio.
Frente a una embestida discursiva de trazo tan grueso, la intervención del concejal Esteban Lenci resultó clave para devolverle al debate la seriedad y el eje que la gestión pública requiere.
El presidente del Bloque Socialista no optó por la confrontación retórica ni el blindaje corporativo, sino por apelar a la legalidad y al orden administrativo.
“Vamos a acompañar cualquier denuncia si eso pasa y hay pruebas”, definió Lenci con total claridad.
Con esta postura, Lenci no clausuró la posibilidad de investigar; al contrario, la encauzó por las vías correspondientes.
Exigió que cualquier duda abandone el terreno de las conjeturas mediáticas —a las que LLA rápidamente se subió para buscar rédito político— y se someta al rigor del expediente y del dato comprobable.
Al hacerlo, resguardó la institucionalidad de Villa Gobernador Gálvez, fijando un límite necesario ante planteos que carecen de una base sólida.
La actitud de Lenci fue fundamental para proteger dos pilares esenciales de la comunidad que se vieron injustamente afectados por la generalización de los bloques acusadores:
Los empleados municipales: Sostener de manera preventiva que la flota oficial se utiliza para fines particulares lesiona el capital moral del personal de carrera, aquellos trabajadores que garantizan el funcionamiento diario y los servicios esenciales de la ciudad.
El comercio local: Insinuar "arreglos políticos" en la provisión de nafta daña la reputación de empresas de la región que licitan, invierten y generan empleo en nuestra ciudad bajo estrictas normativas y auditorías.
El impacto de este malestar en el sector privado quedó en evidencia con la presencia en el recinto de Gabriel Agnello, titular de la firma Gulf. Su frase hacia la edila ("Le erraste el camino, amiga. Nos ensuciaste el nombre") sintetizó con precisión el hartazgo de quienes producen y trabajan frente a la ligereza de las declaraciones políticas compartidas por la oposición más dura.
Ante semejante panorama, la pasividad de las bancas peronistas resulta igualmente incomprensible.
Mientras LLA y Moro ejecutaban su declaración, el peronismo decidió mimetizarse con el mobiliario del recinto y observar el espectáculo sin emitir postura.
En política, el silencio suele ser una declaración de principios; en este caso, una preocupante renuncia a la defensa de los trabajadores municipales y del comercio local. Su rol pasivo ante el avasallamiento los ubica en un lugar de absoluta intrascendencia legislativa.
Este episodio deja una lección importante para la política de Villa Gobernador Gálvez. El control de los recursos públicos es un deber constitucional ineludible, pero debe ejercerse con la máxima rigurosidad.
La respuesta sólida y aplomada de Esteban Lenci demostró que la verdadera defensa de los intereses de los vecinos se hace sosteniendo la coherencia, protegiendo el trabajo local y exigiendo que cada acusación esté respaldada por la verdad formal de las pruebas, exponiendo tanto la falta de espesor de quienes acusan sin papeles como el oportunismo de quienes eligen callar.
