El viernes 3 de agosto en el Salón de los Acuerdos “Lisandro de la Torre”, López actualizó ante la prensa, organizaciones y familiares de víctimas, el registro de femicidios que viene realizando desde 2011. El informe arrojó 10 nuevos casos en Rosario en lo que va del año.
De esa mirada surgen nuevos contextos en los que las mujeres fueron asesinadas, vinculados a las bandas y al crimen organizado. “Sólo registramos dos casos como femicidios íntimos, uno como inseguridad y el resto está claramente relacionado al accionar del narcotráfico, balaceras o ajustes de cuentas”, apuntó la concejala del FPV-PJ.
En el análisis estadístico surge que entre 2011 y 2018 se produjeron 71 femicidios en la ciudad de Rosario. Mientras que en los primeros años se visualiza una clara tendencia de femicidios íntimos/por odio/vinculado, en los últimos años se vinculan a narcotráfico o ajuste de cuentas. Asimismo, entre el año 2015 y los primeros 7 meses de 2018, los femicidios se duplicaron respecto al periodo 2011-2014 siendo en el año 2016 donde se verifica la mayor cantidad”, interpretó.
A nivel nacional, entre enero y julio de 2018 se registraron 166 femicidios de los cuales 10 ocurrieron en Rosario y 24 en la provincia de Santa Fe. “De los ocho años que relevamos femicidios , es el primero en que las mujeres muertas aumentaron en todo el país. Pero lo que nos llamó la atención fue que en el sur del país, donde se vive un incremento importante de pérdida de puestos de trabajo, vemos que no sólo aumentó el feminicidio, sino que hay muchas denuncias por violencias contra las mujeres (alrededor de 2 o 3 por día). Esta situación habla a las claras de que el ajuste también genera situaciones de violencia. Sea del hombre hacia la mujer o por la ausencia del Estado en el abandono a la mujer”, confirmó la concejala.
“Mes a mes, registramos en Rosario un alarmante aumento de muertes violentas de mujeres, y vemos la naturalización de asesinatos y otras violencias”, señaló la edila.
Además, recordó casos emblemáticos en los que existió negligencia o abandono del Estado como fue el de Ana María Acevedo, ocurrido en la ciudad de Santa Fe, quien murió en mayo de 2007 porque el sistema salud pública provincial no le permitió acceder a un tratamiento oncológico porque estaba embarazada. La concejala señaló que ese hecho disparó luego la elaboración y puesta en funcionamiento del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, para casos contemplados en el actual Código Pena. También mencionó muertes de mujeres en otras situaciones como el de Lorena Ojeda, entre otras.
En la reunión realizada este viernes estuvieron presentes la abogada penalista y ex defensora Matilde Bruera, titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNR y ex Defensora Federal; Sofia Botto (MuMaLá); Mercedes Pagnutti y Carina Luengo, integrantes del Equipo de Género de López; Eva Dominguez, cuñada de Vanesa Celma; Hugo Capaccio, papá de Daiana; familiares de Nadia Benitez y de Jésica Olivera, todos integrantes de Familiares Atravesados por el Femicidio.
Bruera consideró que “hay que profundizar caso por caso” porque ante la posibilidad de que se hayan asesinado a mujeres en ajustes de cuentas o identificadas como jefas, “también estaría indicando que se las está haciendo dar la cara como parte del sometimiento.”
Algunas presentes plantearon que “hay un retroceso de la Justicia porque no profundiza las investigaciones”.
López destacó que en los últimos tiempos se vienen registrando más femicidios en mujeres mayores.
El análisis que la concejala viene realizando desde se realiza de acuerdo a los criterios de la Convención de Belem do Pará.
Según su lectura, “el Instrumento para la Medición de Femicidios (2017) y el Protocolo para la Investigación y Litigio de casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios -2018), ambas herramientas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), aportan un perspectiva novedosa e indispensable para visibilizar la situación en que viven y mueren nuestras mujeres y, de esta manera, constituir bases estadísticas para políticas públicas”.
Caso por caso
El primer registro es del 02 de enero donde se produce en zona sur un supuesto ajuste de cuentas mientras la víctima cenaba en la vereda.
– El 4 de enero hallaron el cuerpo calcinado de una mujer en un volquete en la zona oeste.
– El 15, también en la zona oeste en un ajuste de cuentas, cae Marcela Díaz, hermana del “Tubi” Segovia.
– El 10 de febrero en una balacera muere una empleada de la dirección de tránsito en lo que se presupone otro ajuste de cuentas.
– El 9 de abril murió apuñalada en plena calle en la zona oeste, otra mujer. A la vuelta habían baleado una casa y un auto y se presume conexión entre los ataques.
– El 29 de abril los medios registraron el fallecimiento de una joven que días atrás había sido quemada por su novio.
– El 23 de junio en la zona sur encontraron muerta a una señora en su casa en un posible hecho de inseguridad.
– El 4 de julio en la zona norte muere una niña en una balacera. Su madre denuncia que la policía arregla con los narcos.
– El 7 de julio en la zona oeste muere una mujer baleada supuestamente por error en un ajuste de cuentas.
– El 15 de julio, en Fisherton, muere una mujer producto de los golpes y puñaladas que le brinda su pareja en plena calle.
