El titular de la Comisión de Producción y Empleo del Concejo Municipal, Martín Rosúa, presentó oficialmente un proyecto para la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción, que entrará en debate la semana próxima en el Concejo Municipal. En caso de ser aprobado, el organismo será conducido por la primera minoría tomando en cuenta las últimas elecciones de carácter ejecutivo.
La iniciativa fue presentada en sociedad junto a los ediles Alejandro Rosselló, de Unión PRO Federal y Diego Giuliano, del Bloque Rosario Federal. También firmaron la iniciativa la presidenta del cuerpo legislativo, la radical Daniela León, y el vicepresidente primero Carlos Cardozo, también del oficialismo nacional.
“Es importante destacar el consenso de los bloques que nos acompañaron y nuestra intención de que nos apoyen todos los sectores políticos en la creación de esta Oficina, que fortalecerá la gestión municipal a través de un control independiente que traerá beneficios no sólo a quienes gobiernan sino a la ciudadanía”, remarcó Rosúa.
El primer objetivo del organismo será fijar políticas y parámetros de transparencia para el ejercicio ético de la gestión municipal que provoquen mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos, por lo que podrá también presentar las modificaciones legislativas que favorezcan estos criterios.
Se reflejará, a su vez, en trámites más sencillos, rápidos, y sin inconvenientes para los rosarinos, licitaciones y procedimientos de compra ordenados y que cumplan con todos los controles y verificaciones que garanticen la plena satisfacción en servicios y prestaciones municipales.
A su turno, Alejandro Rosselló expresó: : “La creación de una Oficina Anticorrupción tiene que verse como una respuesta concreta al reclamo de transparencia que demanda la sociedad. Mediante este proyecto nos propusimos superar cualquier tipo de barrera político partidaria y trabajar en conjunto para generar un órgano de control que signifique una mejora en la calidad institucional de la ciudad”.
Para incentivar y evaluar el cumplimiento de los estándares establecidos se establecerán controles periódicos, auditorias específicas y programados, sumados al tablero de control de gestión y se fijarán pautas de detección de alertas tempranas y posibles desviaciones, previniendo así conductas corruptas, antes que se produzcan, evitando perjuicios e impactos negativos en la ciudadanía.
A su vez, la Oficina podrá recibir denuncias de los rosarinos o investigar de oficio ante una sospecha de corrupción, respecto de funcionarios estatales, particulares y empresas privadas que tuvieren directa o indirecta relación con el Estado, sus proveedores, contratistas, concesionarios de obras o servicios públicos y todo aquel que pueda tener una relación parcial o permanente con el Municipio de Rosario, y aspirantes a procesos licitatorios.
“No estamos hablando de alianzas electorales sino de coincidencias estratégicas para mejorar la calidad institucional del municipio, permitiendo la participación de los vecinos en los controles. No estaría bueno que el Municipio vea esta propuesta plural como una amenaza, porque no lo es. Más que una amenaza es una oportunidad de hacer un seguimiento en tiempo real de todos los procesos administrativos, licitaciones, habilitaciones, inspecciones y contratos de obras publicas en los que interviene la Municipalidad de Rosario y eso es bueno, también para quienes gobiernan”, explicó el edil Diego Giuliano.
Para Rosúa, la iniciativa “transformará cabalmente las herramientas para combatir la corrupción en el ámbito público”, lo cual consideró “sumamente valioso” ya que se trata de uno de los aspectos que más preocupa a los rosarinos y a los argentinos en general. “Estamos hablando de la creación de una dependencia que puede investigar desde un agente de tránsito hasta al propio intendente o a los concejales. La transparencia es la forma más clara de que la sociedad recupere la confianza en la política y sus instituciones”, sostuvo.
Para el mejor desarrollo de los objetivos fijados se diseñará un Plan de Acción Anual que definirá las áreas críticas y criterios de significación institucional, con participación ciudadana La ejecución del mismo será evaluada en el Informe Anual que elevará al Concejo Municipal, la Intendencia y el Poder Judicial, para que en su caso proceda en las situaciones presuntamente ilícitas.
Según estipula el proyecto, el Director de la Oficina Anticorrupción será propuesto por la segunda fuerza que más votos obtenga en las últimas elecciones municipales y tendrá un mandato de cuatro años. Su rango será de secretario a nivel municipal y deberá presentar anualmente un informe con todas las investigaciones, sumarios y propuestas realizadas.
“Pretendemos que el organismo no solamente limite sus tareas a la apertura de investigaciones sobre posibles ilícitos sino que, además, proponga políticas públicas inherentes a la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, comentó Rosúa. Y adelantó que el proyecto también contempla la creación de un sistema de sanciones según la gravedad del hecho que pudiese cometer un agente o funcionario público”, concluyó el edil radical, quien se mostró confiado en la posibilidad de que su proyecto pueda ser aprobado por sus pares.
