--- canonical_url: "https://12noticias.tv/contenido/481/cuando-lo-transitorio-se-vuelve-permanente-la-politizacion-que-debilita-al-estad" title: "Cuando lo transitorio se vuelve permanente: la politización que debilita al Estado" article_type: "Article" description: "La advertencia de Víctor Lapuente sobre la calidad institucional en España abre una pregunta para la Argentina: qué pasa cuando los cargos técnicos se cubren por designación política y las soluciones provisorias se prolongan en el tiempo." main_image: "https://12noticias.tv/download/multimedia.grande.8573a57c3e57a529.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-04T12:15:00-03:00" date_modified: "2026-10-04T12:19:44-03:00" tags: - "12noticias" - "12noticias.tv" - "Escuela de Gobierno" - "Gobierno Abierto" - "Gonzalo Macco" author_name: "Redacción 12noticias.tv" author_url: "https://12noticias.tv/usuario/2/redaccion-12noticiastv" --- # Cuando lo transitorio se vuelve permanente: la politización que debilita al Estado ![Opinión (1)](/download/multimedia.normal.a996375b90f5b55d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) ****El Mg. Gonzalo Macco es el Presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario**** La corrupción no siempre aparece en forma de sobornos o contratos direccionados. También puede instalarse de manera menos visible: cuando las reglas dejan de aplicarse de forma imparcial, los controles pierden fuerza y los puestos técnicos quedan subordinados a la lógica política. Ese es uno de los problemas que plantea Víctor Lapuente en “Politización y burocratización. El doble reto de la calidad institucional en España”, publicado en el número 944 de ICE, Revista de Economía. Su análisis se refiere a España, pero deja una pregunta relevante para la Argentina: ¿qué capacidad tiene un Estado para actuar con eficacia e imparcialidad si quienes ocupan sus cargos dependen más de la confianza política que de reglas profesionales y estables? Lapuente define la calidad de gobierno por la forma en que se prestan los servicios públicos: de manera imparcial, eficaz y no corrupta. En el fragmento que acompaña su artículo, repasa estudios comparados que vinculan la corrupción, la debilidad del Estado de derecho y la falta de imparcialidad con peores resultados económicos, sanitarios y ambientales, además de más desigualdad y menor bienestar. Es una relación observada entre países; por sí sola, no demuestra que una práctica puntual cause esos resultados. En la Argentina, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional volvió a encender una señal de alerta. En su edición 2025, el país obtuvo 36 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 104 entre 182 países. Respecto de 2024, perdió un punto y cayó cinco lugares. El índice recoge percepciones sobre la corrupción en el sector público a partir de evaluaciones de expertos y empresarios: no mide la cantidad de delitos ni constituye una evaluación judicial de un gobierno. Ese resultado no permite atribuir el deterioro a una sola causa. Sí invita a mirar cómo funciona el Estado en la práctica. Entre los asuntos que merecen atención están las designaciones transitorias en cargos de responsabilidad y la influencia política sobre áreas que requieren conocimientos técnicos y continuidad. La normativa nacional habilita a distintas autoridades a realizar o prorrogar designaciones transitorias en cargos vacantes. El mecanismo puede resolver una necesidad mientras se organiza una cobertura definitiva. La pregunta institucional aparece cuando esas designaciones se prolongan o se renuevan: ¿la excepción sigue siendo provisoria o empieza a reemplazar, en los hechos, al concurso y a la selección profesional? Una designación transitoria no prueba, por sí misma, favoritismo ni falta de idoneidad. Tampoco todo funcionario de confianza política es necesariamente inadecuado para su función. Pero cuando un puesto técnico se cubre sin un proceso abierto, o la continuidad depende de la decisión discrecional de una autoridad, se vuelve más difícil comprobar que primaron los antecedentes y la capacidad profesional. El problema no es solo quién obtiene un cargo. También importa qué incentivos enfrenta quien lo ocupa. Una administración profesional necesita funcionarios capaces de aplicar reglas, sostener conocimiento especializado y advertir sobre errores o irregularidades, incluso cuando esas decisiones incomodan al poder político. Si la permanencia en el puesto depende de la cercanía con quienes gobiernan, la independencia técnica puede quedar debilitada. La discusión sobre el empleo público suele concentrarse en el tamaño del Estado: cuántas personas trabajan en él y cuánto cuesta su estructura. Pero la cantidad no alcanza para medir su calidad. Un Estado más chico también puede ser discrecional e ineficaz; uno más grande puede prestar servicios de manera profesional. La cuestión central es si cada cargo responde a una función necesaria y si su cobertura sigue criterios transparentes, previsibles y sujetos a control. Por eso, el debate sobre las designaciones transitorias no debería convertirse en una acusación general contra quienes trabajan en la administración pública. Debería traducirse en preguntas concretas: cuántos cargos permanecen sin concurso, cuánto duran las prórrogas, qué antecedentes se exigen y qué mecanismos permiten revisar las decisiones. También en medidas verificables: publicar vacantes y perfiles, fijar plazos para convocar concursos y explicar por qué se recurre a una excepción. La advertencia de Lapuente no ofrece una explicación automática para los problemas argentinos, y su artículo estudia el caso español. Pero su planteo ayuda a enfocar el debate: la calidad institucional no depende solamente de cuántas normas existen, sino de que el Estado las aplique con imparcialidad y capacidad. El retroceso argentino en el índice de percepción no prueba que la politización de la burocracia sea su causa. Funciona, más bien, como un llamado a examinar las prácticas que pueden erosionar la confianza pública. Cuando los cargos técnicos se vuelven parte del reparto político y lo transitorio se prolonga sin controles, la frontera entre administración y política se vuelve más difícil de sostener. Y con ella se debilita una condición básica para que el Estado trate a los ciudadanos con reglas comunes. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.