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date_published: "2026-09-12T18:44:00-03:00"
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  - "12noticias"
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  - "Municipios de Santa Fe"
  - "Reforma Constitucional"
author_name: "Redacción 12noticias.tv"
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# Más autonomía, más presupuesto y más poder: ¿quién controla la corrupción en los municipios de Santa Fe?

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****El Dr. Gonzalo Macco es el Presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario****

La provincia de Santa Fe ya reformó su Constitución y ya tiene una nueva Ley de Municipios. Después de décadas de reclamos, la autonomía municipal dejó de ser una discusión pendiente para convertirse en una nueva realidad institucional.

Los municipios de la provincia tendrán más competencias, mayores responsabilidades y, en muchos casos, administrarán más recursos públicos.

Y frente a ese nuevo escenario aparece una pregunta incómoda: ¿Quién controla la corrupción en los municipios de Santa Fe?

La respuesta no puede ser solamente el Concejo Municipal. Los concejos tienen una función fundamental de representación política, sanción de normas y control institucional. Pero el control político no reemplaza la existencia de organismos técnicos especializados en prevención de la corrupción.

En el ámbito nacional existen estructuras específicas que trabajan sobre declaraciones juradas, conflictos de intereses, incompatibilidades, ética pública, transparencia y recepción de denuncias. Son organismos que tienen como objetivo intervenir antes de que una irregularidad termine convirtiéndose en un caso de corrupción.

En los municipios santafesinos, en cambio, esa institucionalización es mucho más desigual. Rosario cuenta con una Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia, con funciones vinculadas con investigaciones, incompatibilidades, conflictos de intereses y políticas de transparencia. Pero el panorama cambia cuando se observan otras grandes ciudades. En la ciudad de Santa Fe existe un Programa de

Transparencia y Datos Abiertos, pero no aparece en su estructura municipal una oficina específicamente dedicada a la prevención de la corrupción o a la ética pública.

Rafaela cuenta con una Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, aunque la información disponible no permite identificarla automáticamente como un organismo especializado en prevención de la corrupción.

Estos pequeños datos debería llamar la atención. Porque durante décadas se reclamó más autonomía municipal. Ahora esa autonomía llegó. Pero más autonomía también significa más poder de decisión, más competencias y mayores recursos que administrar.

La discusión, entonces, no puede terminar cuando se sanciona una nueva ley de municipios. Tiene que continuar preguntando qué instituciones necesitamos para controlar ese nuevo poder.

La prevención de la corrupción no empieza cuando aparece una denuncia. Empieza mucho antes: cuando existen reglas claras sobre conflictos de intereses, declaraciones juradas, incompatibilidades, contrataciones, nepotismo y actividades posteriores al ejercicio de la función pública.

También empieza cuando un empleado, un funcionario o un ciudadano sabe dónde denunciar una irregularidad y tiene garantías de que esa denuncia será recibida y analizada sin represalias.

Por eso, los municipios de la provincia de Santa Fe deberían empezar a discutir seriamente la conformacion de organismos municipales de prevención de la corrupción.

No se trata de crear fiscalías municipales ni de reemplazar a la Justicia. Tampoco de llenar las estructuras administrativas de burocracia. Se trata de institucionalizar la prevención.

Un organismo de estas características debe administrar declaraciones juradas, analizar conflictos de intereses, controlar incompatibilidades, recibir denuncias, elaborar informes, promover capacitación y detectar riesgos en los procedimientos administrativos.

Además, debe contar con un grado suficiente de independencia funcional para que su actuación no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno.

La experiencia de Rafaela y el trabajo desarrollado por ICEDeL muestran que los gobiernos locales pueden construir capacidades institucionales, producir información y profesionalizar la gestión. La prevención de la corrupción debería formar parte de esa misma agenda.

Porque no alcanza con tener transparencia si no existen instituciones capaces de actuar cuando aparecen riesgos. Y tampoco alcanza con esperar a que un escándalo llegue a la Justicia.

La corrupción se combate antes de que ocurra.

La nueva autonomía municipal de la provincia de Santa Fe representa una enorme oportunidad. Pero también plantea una nueva responsabilidad. Si los municipios van a tener más competencias, más recursos y más poder de decisión, deberían contar también con mejores herramientas para prevenir el uso indebido de ese poder.

La provincia de Santa Fe ya dio el paso de la autonomía.  
Ahora le toca a cada uno de los municipios dar el paso de la prevención de la corrupción.

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