La discusión sobre este principio está en auge en Estados Unidos, donde una modificación de la normativa cambiaría la simetría existente en el tratamiento de los datos. Además, fue incluida en legislaciones recientes en Brasil, Chile, Ecuador y Holanda.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el órgano que rige sobre las telecomunicaciones en Estados Unidos, debe votar antes de finales de año un proyecto elaborado en mayo para modificar la normativa vigente y permitir a las prestadoras de conexión (ISP) el cobro de un excedente para brindar un acceso más veloz a ciertos contenidos.
Tras aprobar la propuesta preliminar elaborada por su titular Tom Wheeler, la FCC abrió un período de intervención ciudadana de 4 meses en el que recibió más de 3,5 millones de comentarios, lo que dio cuenta del interés suscitado en ese país sobre el tema.
La propuesta establece que las prestadoras deberán garantizar un mínimo de calidad y que no podrán ralentizar de forma interesada la velocidad en el acceso a empresas de contenidos y a consumidores.
Cumplido ello, podrán cerrar acuerdos con las compañías interesadas, en términos “comercialmente razonables”, para para facilitarles accesos de mayor rapidez.
El proyecto, que tuvo en un comienzo el visto bueno de las grandes telefónicas norteamericanas, fue fuertemente resistido por las compañías que ofrecen servicios sobre la web.
Tras conocer la iniciativa, más de 150 firmas entre las que estaban Google, Facebook, Dropbox, eBay, Netflix, Amazon, Yahoo! y Microsoft, publicaron una carta conjuntua a la FCC en la que reclamaron la mantención de una “Internet libre y abierta”, con el argumento de que la innovación experimentada en la red en los últimos años sólo fue posible debido a la existencia de una red sin discriminaciones.
En la misma línea, cientos de empresas y organizaciones realizaron el 10 de septiembre una jornada de protesta a la que denominaron “Batalla por la red”, en la que simularon durante un día cómo se ralentizaría la carga de sus sitios si la velocidad de conexión disminuyera.
La discusión sobre este principio también ocupó buena parte de las exposiciones del encuentro Net Mundial 2014, celebrado en abril en Brasil, donde delegaciones de unos 80 países se juntaron para debatir sobre la “gobernanza de Internet”.
El encuentro comenzó al día siguiente de que el Congreso del país anfitrión aprobara su Marco Civil de Internet, una ley que estableció los principios, derechos y obligaciones de usuarios y proveedores.
El texto aprobado incluyó el concepto de neutralidad en la red y la definió bajo el término de “isonomía”, al señalar en su artículo 9º que: “El responsable de la transmisión, conmutación o ruteo tiene el deber de tratar de forma isonómica cualquier paquete de datos, sin distinción por contenido, origen y destino, servicio, terminal o aplicación”.
Asimismo, estableció que en la provisión de conexión a Internet está “prohibido bloquear, monitorear, filtrar o analizar el contenido de los paquetes de datos”.
De esta manera, Brasil se sumó a Chile, que en agosto de 2010 sancionó la primera Ley de Neutralidad en la Red, estableciendo a los prestadores de conexión la prohibición de bloqueo, interferencia, discriminación, entorpecimiento y restricción arbitraria sobre las actividades que las personas realizan en la web.
Otro país sudamericano que reguló la materia es Ecuador, donde una Resolución de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estableció en julio de 2012 que “el servicio que ofrezcan los prestadores de los servicios no deberán distinguir ni priorizar de modo arbitrario contenido, servicios, aplicaciones u otros basándose en criterios de propiedad, marca, fuente de origen o preferencia”.
Por su parte, en junio de 2012 Holanda se convirtió en el primer país europeo en incorporar la neutralidad en la red en su legislación, al prohibir a los operadores de telefonía móvil el cobro de adicionales por servicios como Skype o WhastApp.
