El modelo económico argentino está sin dudas vinculado centralmente a la agroexportación, lo que ha hecho que nuestra economía toda este sometida a las definiciones del sector exportador en cuestiones cambiarias. Un sector cuya principal característica es la propiedad extranjera de sus capitales, o local asociada a capitales extranjeros.
Casi la mitad de los dólares que ingresan a la argentina lo hacen vía el complejo agroexportador. Esto da un gran poder de definición sobre nuestra economía al sector fuertemente extranjerizado.
Según el INDEC, en el primer semestre de 2017 las ventas de oleaginosas y cereales y derivados industriales ingresaron el 44% de las divisas. Si se suma el biodiésel, la participación del sector fue 46,5%
Pero por si este poder de presión fuese poco, (poder que en más de una ocasión ha forzado devaluaciones del peso para mejorar sus ganancias), el gobierno de Mauricio Macri dictó desde 2015 varias medidas para aumentarlo.
En enero de 2017 se concretó la última de una serie de 4 extensiones de plazos para liquidar divisas por exportaciones que hizo el macrismo. En esta oportunidad llevó a 10 años, el plazo que tienen los exportadores para liquidar en el país los dólares obtenidos por ventas al exterior.
El 6 abril de 2016 ya lo había extendido de 30 a 180 días, el 5 de mayo a 365 (un año) y el 29 de agosto a 1825 (cinco años).
Con la excusa de darle más “competitividad” prácticamente eliminó una de las pocas herramientas que tenía el estado para orientar el comercio exterior y desde allí controlar nuestro sistema cambiario.
En el escenario en que se aplicó la medida, con gran ingreso de dólares por el blanqueo y la liquidación de cosechas, el gobierno pudo aliviar el ingreso y así evitar que cayera la cotización del dólar, situación que complicaba las finanzas de las mismas exportadoras, hoy con falta de dólares en el mercado local y el crédito externo restringido, esas mismas medidas son la posibilidad de las agroexportadoras de definir aún más nuestra política cambiaria.
La justicia en sintonía
Por si estas medidas del macrismo dejaban alguna duda en setiembre de 2017 la Justicia dejó sin efecto de hecho la penalización de empresas exportadoras por delitos cambiarios.
En medio de la crisis de 2001, se repuso la vigencia de una norma de 1964 que regulaba la obligación del ingreso y la negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación.
Y en 2002 se dictó la de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, cuya infracción fue considerada un delito según la ley penal cambiaria
Desde 2017 gracias a un fallo judicial ni siquiera son 10 años el límite para la liquidación de divisas, ya que de excederse la justicia tampoco puede penalizarlos.
Incluso se dio de baja la medida que impedía que se realicen devoluciones de IVA a empresas exportadoras sospechadas de fraudes cambiarios o en proceso de investigación.
En resumen desaparecieron todas las herramientas que hubiese tenido el estado para “obligar” a los exportadores a liquidar los dólares, dándoles el poder absoluto sobre nuestro sistema cambiario.
Motivos para esperar sentados en la soja (y robarle al productor)
Pero además de que pueden liquidarla cuando quieran los exportadores de soja tienen (gracias a otra medida del gobierno) un incentivo para dilatar el ingreso de las divisas.
Desde este año se da una quita paulatina (cinco puntos cada año hasta su eliminación) de retenciones, que será acompañada por la posibilidad de registrar las ventas en el momento del embarque y no de la compra. Con un plazo de hasta un año de diferencia prorrogable automáticamente a 30 días de los plazos declarados en la DJVE, y posibilidad de tramitar plazos más extensos ante la autoridad de aplicación.
Estas modificaciones fueron aplicadas por el decreto 265/2018, del 28 de marzo de este año.
Desde enero pasado las retenciones a la soja comenzaron a reducirse medio punto porcentual cada mes, desde el 30% vigente en diciembre pasado, aunque para los subproductos este cronograma de baja arrancó en 27%. Así, a partir del 1° de abril el tributo se ubica en 28% para el poroto y seguirá bajando paulatinamente, para quedar en 24% en diciembre de 2018 y en 18% un año después, en diciembre de 2019.
Estas medidas permitirán a los exportadores retomar sus declaraciones de ventas anticipadas aplicando a sus negocios a futuro la alícuota de retenciones que corresponda el período del embarque.
Es decir por ejemplo que si la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) presentada prevé realizar una exportación de porotos de soja entre diciembre de 2018 y enero de 2019, se aplicará un derecho de exportación del 24%, según el cronograma de reducciones vigente.
Pero esa soja será comprada al productor con el descuento de las retenciones del momento de la compra, no de la declaración de embarque.
Si esa soja se compra hoy, al productor le pagan con un descuento de retenciones de 26.5%, pero al estado le liquidan por 24% que es el porcentaje que habrá al momento del embarque.
Un robo explícito al productor y al estado.
No todo es culpa de la “mano invisible del mercado”, la mano visible del gobierno ha profundizado nuestra dependencia cambiaria (mantenida por la gestiones anteriores) a las empresas multinacionales que dominan el sector agroexportador de la argentina.
Medidas que sirven en bandeja la posibilidad de que consigan una devaluación de nuestra moneda para aumentar sus ganancias y golpear centralmente los bolsillos de trabajadores y las grandes mayorías.
GERMÁN MANGIONE – PERIODISTA
